La decisión judicial se produjo luego de que la procesada reconociera su participación en el homicidio, ocurrido el año pasado en la capital del país, en un caso que generó profunda conmoción nacional y reabrió el debate sobre la seguridad de los líderes políticos.
Martínez había sido capturada el 14 de junio en Florencia, Caquetá, durante un operativo de la Policía Nacional de Colombia. Posteriormente, inició negociaciones con la Fiscalía que derivaron en el preacuerdo mediante el cual aceptó cargos a cambio de una rebaja en la pena, conforme a los beneficios previstos en la legislación penal.
Con la validación del acuerdo por parte del juez, la condena quedó en firme. No obstante, el proceso judicial continúa para establecer posibles responsabilidades adicionales y esclarecer de manera integral la planeación y ejecución del magnicidio, considerado uno de los hechos más graves de violencia política reciente en Colombia.
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