Con una votación de 57 votos a favor y 24 en contra, la plenaria del Senado de la República dio luz verde al proyecto clave del Ejecutivo. El ministro de Justicia, Iván Cancino, celebró el respaldo mayoritario, aunque llamó a la prudencia recordando que al proyecto le resta el trámite en la Cámara de Representantes.
Modificaciones clave en el articulado
Durante el debate, los congresistas endurecieron sustancialmente las condiciones punitivas para varios delitos. Quienes busquen beneficios por lavado de activos deberán cumplir una pena mínima de seis años, dejando atrás la propuesta original de un año. Asimismo, el texto aprobado establece una línea roja inquebrantable: los condenados por reclutar menores de edad quedan totalmente excluidos de cualquier trato preferencial o tratamiento diferenciado.
Por su parte, los cabecillas y altos mandos enfrentarán un castigo mínimo de diez años. Dependiendo de su nivel de responsabilidad, los líderes podrán acceder a una rebaja máxima del 30%, mientras que los integrantes de base tendrán la posibilidad de reducir su condena hasta a la mitad.
Hechos políticos y logísticos
El trámite legislativo dejó además una convergencia política inusual. Bancadas tradicionalmente opuestas, como el Pacto Histórico y el Centro Democrático, unieron fuerzas para eliminar el artículo 25, prohibiendo expresamente el uso de gastos reservados para financiar los procesos de sometimiento.
En materia operativa, el Ministerio de Justicia asumirá la coordinación de las entregas, eximiendo a gobernadores y alcaldes de dichos costos. Los detenidos serán trasladados directamente a cárceles administradas por el Inpec bajo estrictas restricciones de libertad.
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