Avanza delimitación del páramo Cruz Verde-Sumapaz para proteger el agua de Bogotá

El Gobierno Nacional confirmó un avance superior al 50 % en la concertación para delimitar el páramo Cruz Verde-Sumapaz, considerado uno de los ecosistemas estratégicos más importantes para el abastecimiento de agua en Bogotá, Cundinamarca y Meta.

El proceso busca establecer con precisión las áreas que quedarán bajo protección ambiental y definir qué actividades podrán desarrollarse dentro de este territorio de alta importancia ecológica. Hasta ahora, el Ministerio de Ambiente alcanzó acuerdos con 16 de los 31 municipios y localidades que hacen parte de la zona de influencia del páramo.

Entre los territorios que ya participaron en la concertación aparecen municipios de Cundinamarca y Meta, además de localidades de Bogotá como Usaquén, Chapinero, Santa Fe y Usme. Según el Gobierno, los consensos alcanzados permitirían garantizar la protección de más de 68 mil hectáreas de ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica del centro del país.

Durante las mesas de trabajo participaron comunidades campesinas, alcaldías, autoridades ambientales y organismos de control, que discutieron temas relacionados con la delimitación participativa del páramo, las restricciones a actividades productivas, la protección de fuentes hídricas y los mecanismos de financiación para las medidas de conservación.

Uno de los puntos que más debate ha generado tiene que ver con el impacto que podrían tener las restricciones ambientales sobre las actividades agrícolas y productivas de las comunidades rurales. Campesinos y líderes sociales han insistido en la necesidad de participar directamente en las decisiones relacionadas con el uso y manejo del territorio.

En municipios como Une y en sectores de Ciudad Bolívar, en Bogotá, todavía no existe un consenso total, por lo que las conversaciones continuarán durante las próximas semanas mientras avanzan las mesas de concertación.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, aseguró que este proceso representa un paso histórico para proteger el páramo y garantizar tanto la conservación del ecosistema como los derechos de las comunidades que habitan la región.