Desde el pasado 9 de abril, comunidades rurales han sostenido movilizaciones en distintos puntos estratégicos, generando restricciones en corredores como la vía Cúcuta–Pamplona, tramos en Santander, Boyacá y accesos a Bogotá. La situación ha provocado interrupciones en el transporte de carga y pasajeros, con efectos directos en el abastecimiento y la movilidad.
El origen del inconformismo se encuentra en la actualización del catastro multipropósito impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que buscaba poner al día los avalúos de predios tras años de rezago. Sin embargo, los incrementos en la base del impuesto predial han generado fuertes críticas, especialmente en zonas rurales donde los ajustes han sido considerablemente altos.
En medio del panorama, sectores productivos reportan pérdidas millonarias y afectaciones en actividades como el comercio, el turismo y el transporte aéreo, con cancelaciones de vuelos y miles de viajeros perjudicados. La crisis también ha comenzado a impactar servicios esenciales, elevando la preocupación de autoridades y ciudadanos.
Desde el Departamento Nacional de Planeación se ha reiterado que el avalúo no constituye un impuesto, sino una referencia técnica, y que los municipios son los encargados de definir el cobro del predial bajo límites establecidos por la ley. Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios ha defendido que los ajustes responden a políticas nacionales.
Aunque en municipios como Lebrija se han logrado acuerdos parciales, los voceros campesinos han advertido que el paro se mantiene vigente y podría intensificarse si no hay soluciones concretas. En este contexto, la mesa nacional que se desarrolla en Bogotá se perfila como un punto clave para destrabar el conflicto y atender las demandas sobre revisión de avalúos y posibles alivios tributarios.
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