Consejo de Estado suspende aumento del salario mínimo

El Consejo de Estado adoptó una medida cautelar sin precedentes recientes al suspender el decreto mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026. La decisión impacta directamente la política salarial del Ejecutivo y reabre el debate sobre los límites técnicos y jurídicos en la determinación del ingreso base de millones de trabajadores.

El tribunal estudia cerca de 30 demandas que cuestionan la legalidad del incremento del 23,7 %, al considerar que no estaría suficientemente sustentado en los parámetros obligatorios definidos por la Ley 278 de 1996. Entre los criterios señalados están la inflación causada y proyectada, la productividad, el crecimiento del PIB, la participación de los salarios en el ingreso nacional y las metas macroeconómicas.

Como efecto inmediato, el Gobierno deberá expedir en un plazo de ocho días un decreto transitorio que establezca un nuevo porcentaje de aumento ajustado a esos indicadores. El auto judicial subraya que la medida no anticipa el fallo de fondo, sino que busca proteger el proceso mientras se resuelve la legalidad del decreto original.

Desde el punto de vista económico, la decisión introduce incertidumbre regulatoria en el corto plazo, especialmente para empresas, mercados laborales y proyecciones fiscales que ya habían incorporado el aumento anunciado. Analistas advierten que el nuevo decreto deberá equilibrar sostenibilidad empresarial, poder adquisitivo y estabilidad macroeconómica, en un contexto de presión inflacionaria y desaceleración del crecimiento.

El antecedente más cercano se remonta a 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto salarial por considerarlo insuficiente. A diferencia de ese episodio, el actual litigio gira en torno a la consistencia técnica de un incremento excepcionalmente alto, lo que convierte el caso en un precedente clave para la gobernanza de la política salarial en Colombia.

El alto tribunal frenó provisionalmente el decreto que establecía un alza de 23,7 % para 2026 y obligó al Gobierno a expedir una nueva fórmula en ocho días, bajo criterios estrictamente macroeconómicos.