La entidad encendió las alarmas tras detectar la firma de 6.292 contratos directos por más de 2 billones de pesos en medio de la vigencia de la Ley de Garantías, recursos que, según el informe, habrían sido destinados a actividades con posible tinte político en distintas regiones del país.
De ese monto, 31.959 millones de pesos corresponderían específicamente a contratos vinculados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística. La revisión se realizó sobre la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que la vigilancia ha evolucionado hacia un modelo preventivo, basado en análisis de datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas para anticipar posibles irregularidades antes de que se materialicen.
El informe también señala que, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se identificaron 17.841 contratos directos por más de 1,68 billones de pesos relacionados con actividades similares. Posteriormente, ya en vigencia de la Ley de Garantías, se habrían firmado 368 contratos adicionales por 31.959 millones de pesos bajo el mismo concepto.
En un balance más amplio, la Contraloría reportó que solo en enero de 2026 las contrataciones aumentaron más de 64 % frente al mismo periodo anterior, mientras que el valor contratado creció 75 %, pasando de 5,4 billones a 9,5 billones de pesos.
La Ley 996 de 2005 establece restricciones a la contratación directa durante los cuatro meses previos a las elecciones, con el fin de evitar el uso indebido de recursos públicos en campañas políticas. Solo se permiten excepciones en casos como defensa y seguridad del Estado, crédito público o atención de emergencias.
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