Corte fija reglas para definir la UPC de 2027

La Corte Constitucional estableció nuevos parámetros para la definición de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, correspondiente a 2027, valor que el sistema de salud reconoce por cada afiliado para financiar los servicios y tecnologías incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. La Corte aclaró que el auto tiene carácter preventivo y busca evitar que las deficiencias identificadas en años anteriores se mantengan o afecten la financiación del sistema durante la próxima vigencia.

Entre las obligaciones reiteradas al Ministerio de Salud está corregir las deficiencias de la información utilizada para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor fijado es suficiente para financiar las necesidades del sistema.

La Corte también ordenó avanzar en la reducción de la diferencia entre la UPC del régimen contributivo y la del régimen subsidiado, mientras no exista información técnica que justifique mantener una brecha mayor.

Otro de los puntos centrales es que las necesidades de financiación deben determinarse con criterios técnicos y contar posteriormente con el respaldo presupuestal necesario. La Corte precisó que una restricción presupuestal establecida previamente no puede ser, por sí sola, la razón para fijar una UPC inferior a la que técnicamente se requiera.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar los recursos necesarios para cumplir estas órdenes y adoptar las medidas presupuestales y financieras que permitan disponer y girar oportunamente los recursos destinados a financiar la UPC de 2027.

La decisión se relaciona con las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, relacionadas con la suficiencia de la UPC. La Corte ya había identificado deficiencias en la información utilizada para establecer esta prima y había señalado la necesidad de demostrar técnicamente su suficiencia.

Con estas reglas, el cálculo de la UPC para 2027 deberá sustentarse en información confiable, criterios técnicos y la identificación de las necesidades reales de financiación. El proceso deberá avanzar antes de definir el valor que recibirá el sistema por cada afiliado durante la próxima vigencia.