La Corte Suprema de Justicia modificó el criterio que se aplicaba a los trabajadores que reclamaban judicialmente pagos pendientes después de dos años de haber terminado su relación laboral.
La decisión establece que presentar la demanda después de ese periodo no elimina el derecho a la indemnización moratoria correspondiente a los primeros 24 meses de incumplimiento. Después del mes 25, comenzarán a aplicarse los intereses moratorios correspondientes.
Esta indemnización puede representar un valor importante para los trabajadores. La sanción equivale, en términos generales, a un día de salario por cada día de retraso, durante los primeros dos años.
Por ejemplo, para una persona que ganaba dos millones de pesos mensuales, la sanción podría alcanzar cerca de 48 millones de pesos por los 24 meses, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley y la jurisprudencia.
Sin embargo, la Corte aclaró que este pago no es automático. Los jueces deberán analizar las circunstancias de cada caso y determinar si el empleador actuó de buena fe o si existieron razones serias y justificadas para no cancelar oportunamente los salarios y prestaciones.
Con este cambio, el alto tribunal busca evitar que el paso del tiempo beneficie a un empleador que incumplió sus obligaciones laborales y termine reduciendo la compensación que corresponde al trabajador.
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