La Corte Constitucional concluyó que el Gobierno nacional se excedió en sus facultades al imponer cargas tributarias durante la emergencia económica de diciembre de 2025, al no cumplir con el trámite legislativo exigido. La decisión deja sin piso jurídico medidas como aumentos del IVA, el impuesto al patrimonio y otros gravámenes aplicados en ese periodo.
El fallo ordena revertir los cobros y avanzar en la devolución de dineros recaudados. Un primer balance estima la cifra en cerca de $200.000 millones, a los que se suman otros $25.000 millones derivados de decisiones posteriores sobre los mismos decretos.
Entre las medidas anuladas estaban incrementos significativos en productos como licores y cigarrillos, así como nuevas cargas a vapeadores y patrimonios altos. Estas disposiciones hacían parte de un paquete con el que el Ejecutivo buscaba recaudar cerca de $11 billones para enfrentar la crisis fiscal.
Desde las regiones, la decisión fue bien recibida. La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, celebró el fallo, al igual que la mandataria del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien había cuestionado estas medidas desde su implementación.
En contraste, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su desacuerdo con la determinación del tribunal, mientras que el presidente Gustavo Petro aseguró que no existe obligación de devolver los recursos, argumentando que los cobros tuvieron sustento legal en su momento.
Ahora, el Ministerio de Hacienda y la DIAN deberán definir el procedimiento para materializar las devoluciones, un proceso que podría requerir verificaciones individuales en algunos casos y que abre un nuevo frente de discusión jurídica y fiscal en el país.
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