Este panorama ha sido advertido por la Contraloría General de la República, que señala que si no se asignan recursos adicionales de forma urgente, el servicio podría suspenderse en distintas zonas del país.
Más allá del problema financiero, el PAE también arrastra deficiencias estructurales relacionadas con corrupción e irregularidades en la contratación. Se han identificado sobrecostos, entrega de productos de mala calidad y operadores que no cumplen con los requisitos mínimos, lo que compromete la calidad y continuidad del programa.
La posible suspensión del servicio afectaría principalmente a estudiantes en condición de vulnerabilidad, muchos de los cuales dependen de la ración escolar como su única comida completa del día.
La interrupción del programa también podría aumentar los índices de deserción escolar, ya que para muchas familias el alimento diario es un incentivo clave para mantener a los niños en el sistema educativo.
Foto: Nicolás Bojacá/Unimedios 2017 Universidad Nacional
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