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El alto tribunal abrió formalmente un incidente de impacto fiscal tras la solicitud radicada por el Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez, con el propósito de trasladar la implementación de buena parte del nuevo sistema pensional desde el 1 de abril de 2027 hasta el 1 de abril de 2028. El plazo de 30 días comienza a contar a partir de la notificación oficial del auto.
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Razones financieras y operativas
La cartera de Hacienda argumentó que poner en marcha la reforma requeriría cerca de $5 billones adicionales para Colpensiones, recursos que no habrían quedado contemplados en la programación inicial del Presupuesto General de la Nación para 2027. Además, el Ejecutivo señaló que el fallo de la Corte emitido el pasado 25 de agosto se dio apenas días antes de presentar el proyecto de presupuesto, limitando el margen de maniobra financiera.
Por su parte, Colpensiones también había advertido serias dificultades operativas —como la integración masiva de bases de datos, homologación de historias laborales y traslado de afiliados— considerando insuficiente el plazo inicial de seis meses otorgado por el tribunal.
Estado actual de la reforma
La apertura de este incidente no significa que la Corte haya aprobado la suspensión o aplazamiento del nuevo sistema. Hasta que la Sala Plena estudie la sustentación y tome una decisión definitiva —proceso que incluiría una audiencia pública en caso de admitirse—, la fecha prevista para la entrada en vigor de la ley se mantiene firme para el 1 de abril de 2027. Si el Gobierno no presenta los argumentos a tiempo, el trámite será declarado desierto.
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