En su informe anual sobre narcotráfico enviado al Congreso, el gobierno estadounidense ratificó que Colombia no cumplió con las metas internacionales de contención y persecución del tráfico de estupefacientes en el periodo evaluado.
La decisión aplica la figura de "descertificación", un rótulo diplomático y político de alto impacto que señala el deterioro de la estrategia antidrogas en el país.
A pesar del duro dictamen, Washington firmó una exención ejecutiva que impide el congelamiento automático de los fondos de asistencia económica y de seguridad. La Casa Blanca justificó la medida argumentando que cortar los recursos perjudicaría directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
No obstante, el reporte fija un condicionamiento estricto a la cooperación futura: exige resultados inmediatos en el incremento de hectáreas erradicadas y la desarticulación de cúpulas dedicadas al tráfico de estupefacientes.
El pronunciamiento deja la puerta abierta a una eventual reconsideración del estatus colombiano, sujeta a la efectividad de la nueva estrategia que implemente el Gobierno entrante en los próximos meses.
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