El Consejo de Estado suspendió el decreto que planteaba el traslado de hasta 6,6 millones de usuarios entre entidades promotoras de salud, EPS. La decisión respalda lo señalado previamente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había advertido posibles afectaciones a los derechos de los afiliados.
El alto tribunal concluyó que la medida del Gobierno Nacional podría ser desproporcionada, ya que limitaba la posibilidad de elección de los usuarios dentro del sistema de salud. Además, advirtió que este tipo de decisiones deben garantizar condiciones claras para la continuidad de los servicios médicos y la atención oportuna de los pacientes.
La medida buscaba reorganizar la distribución de afiliados entre EPS para responder a la crisis financiera del sistema. Sin embargo, la decisión judicial deja en pausa su aplicación mientras se analizan los efectos sobre la atención en salud y la libre elección de los usuarios.
Imagen generada con IA para fines ilustrativos
El proceso continuará en revisión por parte del Consejo de Estado, que definirá de fondo la legalidad de la medida.
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