Los Mineros, paperos y habitantes de páramos exigen soluciones ante medidas gubernamentales que afectan su sustento. El presidente aseguró que la crisis del carbón responde a una transición energética global.
El paro indefinido en Boyacá deja una víctima, bloqueos viales y pérdidas millonarias
Miles de manifestantes en Boyacá continúan en paro indefinido con bloqueos de vías estratégicas como la doble calzada Tunja–Paipa, la vía Duitama–Santa Rosa y el Puente de Boyacá.
En la alocución presidencial televisada anoche, el presidente Gustavo Petro afirmó que la crisis del carbón no es responsabilidad directa de su gobierno, sino parte de una transición energética global.
A pesar de que el primer mandatario se refirió sólo al tema minero, la protesta involucra a tres sectores afectados por decisiones gubernamentales y la falta de diálogo directo con altos funcionarios.
Los mineros de carbón que se oponen a la suspensión de exportaciones hacia Israel, ordenada por el Gobierno Nacional en medio del conflicto en Gaza. Aseguran que la medida destruye su único mercado activo, en una región que aporta el 10 % del carbón del país. Denuncian también una presión sistemática contra su actividad bajo el discurso de transición energética.
En este contexto, el nombramiento de Irene Vélez como ministra encargada de Ambiente ha generado polémica. Su regreso coincidió con la anulación de su nombramiento como cónsul en Londres y ha despertado preocupación por la concentración de poder, al ejercer simultáneamente como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidad clave para los sectores extractivos.
Los paperos, por su parte reclaman la caída de precios a menos de $30.000 por bulto, insuficientes para cubrir los altos costos de insumos, transporte y mano de obra. Acusan al Estado de abandonar al campo sin subsidios ni políticas de protección.
Los habitantes de páramos, especialmente en Güicán y Soatá, denuncian que la delimitación ambiental los despoja de tierras productivas sin alternativas claras ni compensaciones reales.
La falta de respuesta del Gobierno, especialmente la inasistencia del gobernador Carlos Amaya y la ministra de Ambiente a una mesa pactada en Güicán, exacerbó los ánimos.
El bloqueo total de vías ha tenido consecuencias graves. Una persona murió al quedar atrapada una ambulancia en un taponamiento. El alcalde de Ubaté pidió corredores humanitarios. Además, más de 2.6 millones de litros de leche están en riesgo de pérdida por la imposibilidad de transporte y falta de capacidad en los centros de acopio. Según la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche, si el paro continúa, podría haber desabastecimiento de productos lácteos.
Las pérdidas económicas ascienden a $5.800 millones diarios, según el gobernador Carlos Amaya. Terminales de transporte en Tunja y Duitama están semiparalizadas, y se han cancelado reservas hoteleras, rutas turísticas y eventos como una etapa de la Vuelta a Colombia.
Aunque se instaló un Puesto de Mando Unificado en Tunja, los manifestantes exigen presencia directa de ministros y del presidente para levantar los bloqueos. La tensión se mantiene y el descontento crece en varias provincias.
INRAI |
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