El presidente Gustavo Petro defendió la legalidad y el sustento económico del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 con un aumento del 23 %, y aseguró que la medida seguirá aplicándose mientras se resuelve la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado. Según el mandatario, el acto administrativo cumple con los criterios macroeconómicos exigidos por la normatividad vigente.
El jefe de Estado anunció que expedirá un decreto transitorio con el propósito de garantizar continuidad jurídica y estabilidad en las relaciones laborales, respetando los parámetros constitucionales mientras avanza el análisis de fondo del alto tribunal. Petro insistió en que la decisión gubernamental buscó equilibrar poder adquisitivo, productividad y condiciones sociales en un contexto de presiones inflacionarias acumuladas.
En paralelo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocará una reunión inmediata de concertación con empresarios y trabajadores, basada en las más recientes mediciones económicas. El objetivo es reabrir la discusión técnica sobre el salario mínimo, incorporando variables como inflación, crecimiento, empleo formal y sostenibilidad empresarial.
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