Gobierno decreta emergencia económica en nueve departamentos tras el terremoto
El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1261 de 2026, con el que el Ejecutivo busca acelerar la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La decisión cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Nariño y Sucre, territorios que concentran parte de las mayores afectaciones dejadas por la emergencia.
El Gobierno justificó la medida en la situación fiscal del país. Según explicó el mandatario, la deuda pública supera el 60 por ciento del Producto Interno Bruto y una parte importante de los ingresos tributarios está destinada al pago de obligaciones, lo que limita la capacidad del presupuesto ordinario para responder a la reconstrucción.
Entre las acciones anunciadas están los subsidios dirigidos a empresas afectadas, con el propósito de facilitar el pago de salarios y evitar despidos. También se contemplan ayudas para trabajadores independientes que hayan resultado perjudicados.
Otro de los frentes estará en los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Algunos inmuebles serán destinados a albergues temporales y centros de acopio, mientras que otros podrán ser vendidos mediante procedimientos acelerados para obtener recursos destinados a la atención de la emergencia.
El plan también contempla acelerar la recuperación del servicio de energía mediante plantas eléctricas de emergencia y reducir trámites para facilitar la entrega de ayudas a los damnificados.
A esto se suma la participación del sector privado mediante el mecanismo de obras por impuestos, con el que se busca incorporar recursos empresariales a proyectos de recuperación de las zonas afectadas.
El Gobierno aseguró que habrá vigilancia sobre el manejo de los recursos y que las facultades otorgadas por la emergencia tendrán límites. El presidente afirmó que la prioridad será garantizar que los recursos lleguen a las comunidades afectadas y proteger a los sectores más vulnerables.
La medida tendrá una duración de 30 días y permitirá movilizar recursos extraordinarios para atender la crisis.
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