Gobierno insiste en aplicar reglas ambientales para la Sabana

Las Directrices Ambientales de la Sabana son, en términos prácticos, una hoja de ruta para definir dónde y cómo se puede construir en Bogotá y los 31 municipios de su área de influencia, priorizando la protección de ríos, humedales, quebradas, suelos rurales y ecosistemas estratégicos.

El documento, adoptado mediante la Resolución 163 de 2024, establece lineamientos para el uso del suelo, la expansión urbana y la conservación ambiental en más de 420.000 hectáreas. Su objetivo principal es garantizar la seguridad hídrica de más de 10 millones de personas y reducir los riesgos asociados al crecimiento desordenado y al cambio climático.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente su aplicación mientras estudia una demanda que busca anular la norma. Esto significa que, por ahora, las directrices no pueden implementarse.

Ante este escenario, la ministra encargada, Irene Vélez Torres, aseguró que el Ministerio cumplió con las exigencias del Consejo de Estado, incluyendo ocho jornadas de concertación con el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica (CECH). Además, destacó que se realizaron 165 espacios de diálogo con amplia participación ciudadana en toda la región.

Para la Sabana y Bogotá, el debate no es menor. Se trata de definir el modelo de desarrollo territorial en una región que ha enfrentado racionamientos de agua y emergencias por lluvias recientes. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apeló ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene suspendidas las Directrices Ambientales de la Sabana de Bogotá, un instrumento que busca ordenar el crecimiento urbano alrededor del agua.