La iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea eliminar la indexación automática de los precios de vivienda al salario mínimo legal mensual vigente, es decir, que el valor de estas viviendas no subiría por ese factor a lo largo del tiempo.
Según el borrador del decreto, ese precio máximo se fijaría desde el inicio en pesos colombianos y tendría un límite equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
Esta propuesta ha sido cuestionada por exministros, economistas y congresistas que advierten posibles riesgos para la seguridad jurídica del sector constructor y la viabilidad de nuevos proyectos de vivienda en el país.
Entre los argumentos técnicos está el señalamiento de que la regla vigente, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, incorpora la indexación al salario como mecanismo de estabilidad durante largos periodos de construcción.
Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida argumentando que el salario representa solo una parte de los costos de construcción, y que fijar precios en pesos desde el principio aportaría claridad a los compradores.
La norma, aún en etapa de comentarios, seguirá abierta al escrutinio de diferentes sectores antes de una posible expedición oficial.
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