El Gobierno nacional avanza en un plan para liquidar varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) con graves problemas financieros, en medio de un nuevo escenario tras el fracaso de la reforma al sistema. La medida marca un giro en la estrategia oficial para reorganizar el modelo de aseguramiento en Colombia.
El presidente Gustavo Petro fue enfático en que el Estado no asumirá las deudas acumuladas por estas entidades, las cuales superarían los 50 billones de pesos. Según explicó, se trata de compromisos de carácter privado que no deben trasladarse a la Nación ni a los ciudadanos.
Actualmente, varias EPS permanecen bajo medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud debido a su deterioro financiero. Entre las más relevantes se encuentran EPS Sanitas, intervenida desde 2024; Famisanar, bajo vigilancia; además de Savia Salud y Asmet Salud, con dificultades críticas. A este grupo se suman Emssanar y el Servicio Occidental de Salud, también intervenidos.
Frente a este panorama, el Ejecutivo plantea que la Nueva EPS se consolide como la principal entidad del sistema, bajo control estatal, mientras se define el futuro de las demás aseguradoras que atraviesan la crisis.
Las decisiones se tomarán de manera individual para cada caso, pero ya han encendido las alarmas en distintos sectores. Expertos y actores del sistema advierten sobre los riesgos en la continuidad de los servicios de salud para cerca de 25 millones de afiliados, en un momento clave para la estabilidad del modelo sanitario en el país.
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