La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años con hemofilia A severa, abrió una fuerte discusión nacional sobre la continuidad de tratamientos médicos en pacientes con enfermedades de alto costo. El caso involucra a la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Estado.
El menor recibía profilaxis mensual con Emicizumab, un medicamento clave para prevenir hemorragias. Su última dosis fue aplicada el 12 de diciembre de 2025. Sin embargo, el contrato entre la EPS y la IPS encargada del tratamiento venció el 31 de diciembre y no fue renovado a tiempo, dejando al niño sin cobertura farmacológica desde enero de 2026.
El 8 de febrero, mientras montaba bicicleta en Palestina, Huila, sufrió un golpe en la cabeza. Sin la protección del tratamiento, presentó una hemorragia intracraneal. Fue trasladado a Bogotá e ingresó al Hospital La Misericordia, donde falleció el 13 de febrero.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalaron que se deben revisar las circunstancias del caso. Sus declaraciones generaron reacciones críticas desde distintos sectores.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió garantizar la continuidad de los tratamientos para niños con enfermedades huérfanas, mientras la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación abrieron investigaciones para establecer posibles responsabilidades.
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