Desde el 1 de julio comenzó a regir en Colombia la nueva metodología para calcular las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, establecida en la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El Gobierno Nacional sostiene que el cambio busca modernizar el sistema tarifario y contribuir a reducir los costos para los usuarios.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) aseguró que la actualización de los costos de referencia, que pasan de valores de 2014 a precios de 2024 y 2025, junto con nuevas exigencias regulatorias en materia ambiental, gestión del riesgo e inversiones, podría traducirse en incrementos en la mayoría de las tarifas.
El presidente del gremio, Camilo Sánchez, afirmó que la regulación fue implementada sin una participación suficiente de las empresas del sector y consideró que el plazo de tres meses otorgado para su entrada en vigencia fue insuficiente para realizar los ajustes técnicos y operativos necesarios.
Sánchez también precisó que el nuevo esquema no implica una reducción automática en las facturas, ya que el valor que pagará cada usuario dependerá de factores como los costos de operación de la empresa prestadora, el número de suscriptores y las inversiones que deba ejecutar.
Entre tanto, el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por Andesco, con la que el gremio busca suspender temporalmente la aplicación de la norma mientras se resuelve el proceso de fondo.
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