Procuraduría da 90 días a alcaldías para presentar planes de protección animal

La Procuraduría General de la Nación lanzó la que calificó como la intervención preventiva más amplia realizada en Colombia en materia de bienestar animal. A través de la Directiva 012 de 2026, el organismo impartió instrucciones a alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional para fortalecer la protección de los animales en todo el país.

La medida establece una hoja de ruta con 22 disposiciones dirigidas a prevenir el abandono, el maltrato y la falta de atención de animales domésticos y en condición de calle. Entre las principales obligaciones figura la implementación de jornadas de esterilización, incluida la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno para animales sin hogar.

La directiva también ordena la creación o puesta en funcionamiento de centros de bienestar animal, la formulación de proyectos para centros regionales de atención y la constitución de fondos municipales destinados exclusivamente a la protección animal.

Uno de los puntos clave es el plazo otorgado a las administraciones locales. Los municipios deberán presentar ante la Procuraduría, en un término de 90 días, los planes de acción que definan cómo cumplirán las medidas establecidas.

Las disposiciones no solo involucran a las autoridades territoriales. El organismo de control exigió capacitar a inspectores de Policía para la aplicación de los procedimientos relacionados con casos de maltrato animal y avanzar en los cursos de sensibilización contemplados en la Ley Ángel.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente tendrá la responsabilidad de definir una Ruta de Atención al Maltrato Animal, mientras que el Ministerio de Educación deberá promover la inclusión de contenidos sobre bienestar y protección animal en las instituciones educativas.

La Procuraduría anunció que realizará seguimiento permanente a los compromisos adquiridos. Para ello, las entidades deberán reportar avances cada seis meses. Además, advirtió que el incumplimiento de las obligaciones contempladas en la directiva podría dar lugar a investigaciones disciplinarias contra los funcionarios responsables.