El análisis advierte que los dineros del ahorro pensional podrían terminar utilizándose como gasto corriente, es decir, para el pago inmediato de mesadas, en lugar de mantenerse como un respaldo financiero de largo plazo. Esta situación comprometería la sostenibilidad del sistema pensional.
La propuesta del Ministerio del Trabajo se sustenta en la Ley 2381 de 2024, que permite el traslado entre regímenes. Sin embargo, la misma norma establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide el derecho a pensión, lo que limitaría su aplicación.
Actualmente, más de 119 mil personas han realizado este traslado, con recursos cercanos a los 24,7 billones de pesos. De ese total, la mayoría aún no cumple los requisitos para pensionarse, lo que impediría legalmente mover esos fondos hacia el régimen público.
A esto se suma que el Decreto 1225 de 2024 condiciona el traslado de recursos a la entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, mecanismo que todavía no está operativo, dejando sin destino institucional los dineros.
Finalmente, la Contraloría advirtió que esta medida podría aumentar el pasivo pensional del Estado, al reducir el ahorro disponible y trasladar la carga financiera a futuras generaciones, en un contexto donde la reforma pensional sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.
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