El gremio aseguró que, este año, el Ministerio de Salud eliminó del cálculo varios registros de servicios que sí fueron prestados, lo que redujo en un 6,3 % el gasto reportado, es decir, más de $2,1 billones. Por eso consideran que la UPC quedó por debajo de lo necesario.
Si ese aumento se aplicara también al régimen subsidiado, la UPC en ese caso sería de $1.552.403. Para cubrir el incremento total en 2026, ACEMI calcula que se necesitan $15,3 billones adicionales.
El Gobierno ya tiene previsto un aumento del 17 % para el sector salud, equivalente a $10,5 billones, y el resto podría venir de otras fuentes como aportes parafiscales o rentas territoriales. Los datos reportados por las EPS a la Superintendencia muestran que la siniestralidad,es decir, lo que se gasta frente a lo que ingresa, va por encima del 111 %, el nivel más alto de la historia. ACEMI advierte que el déficit de 2025 podría llegar a $9 billones.
El gremio también cuestionó algunos análisis de la ADRES y recordó que la Corte Constitucional ordenó recalcular la UPC desde 2021 y pagar oportunamente los Presupuestos Máximos para medicamentos y tratamientos de alto costo, algo que, según ellos, aún no se cumple.
Finalmente, ACEMI pidió al Ministerio de Salud hacer un cálculo serio y suficiente antes de definir el ajuste, y reiteró que lo más importante es garantizar la atención de los usuarios, por encima de nuevas obras o infraestructura, mientras la UPC siga desfinanciada.
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