La norma integra estos enfoques a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y busca formar generaciones con mayor conciencia ecológica y ética frente a los animales.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Andrea Padilla Villarraga y promueve una visión educativa que vincula el trato ético a los animales con el equilibrio ambiental y el bienestar humano. El objetivo es que niños y jóvenes comprendan desde el aula la interdependencia entre los ecosistemas y la vida cotidiana.
La ley también ordena la creación de una Red Nacional de Docentes especializada en educación ambiental, que permitirá intercambiar experiencias pedagógicas, desarrollar materiales educativos y fortalecer la formación profesional en el tema. Los ministerios de Educación y de Ambiente deberán expedir lineamientos curriculares en un plazo máximo de seis meses.
Además, se implementará un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de esta educación en bienestar animal y conservación de la biodiversidad. Sus resultados servirán como insumo para ajustar políticas públicas y estrategias pedagógicas.
Otro punto clave es que estudiantes de educación media podrán cumplir su servicio social obligatorio en entidades del Sistema Nacional Ambiental o en organizaciones dedicadas a la protección animal, siempre bajo criterios formativos y sin reemplazar funciones laborales.
La norma exige que las instituciones educativas adopten estrategias pedagógicas diferenciadas según la edad de los estudiantes, garantizando una formación progresiva en respeto animal, cuidado ambiental y responsabilidad social. Con ello, el país da un paso estructural hacia una educación ambiental integrada al currículo escolar.
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