La decisión del alto tribunal permite mantener las medidas excepcionales contempladas en el Decreto 1261, expedido tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó principalmente a Cali, Pereira y Manizales.
Sin embargo, la Corte estableció que estas facultades solo podrán utilizarse en los municipios donde existan daños confirmados y relacionados con el terremoto, de acuerdo con los reportes técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Otro de los límites tiene que ver con el destino de los recursos. Los dineros destinados a atender la emergencia no podrán utilizarse para resolver problemas anteriores a la tragedia, como el hacinamiento carcelario, ni para cubrir el déficit fiscal del país.
En materia económica, el Ministerio de Hacienda tendrá veinte días hábiles para recalcular el costo de la emergencia. Además, el Gobierno deberá establecer un mecanismo independiente que permita vigilar el manejo de los recursos, incluidos los créditos proyectados por ocho billones de pesos.
Finalmente, la Corte ordenó al presidente Abelardo de la Espriella implementar un plan de recuperación a varios años, con prioridad en la atención de las personas más vulnerables afectadas por el terremoto.
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