Las calles de varias ciudades francesas vivieron momentos de extrema tensión este sábado durante una nueva y masiva jornada de movilizaciones. Los incidentes incluyeron saqueos, incendios en edificios públicos —como el ayuntamiento de Limoges y la oficina de turismo de Lyon— y duros enfrentamientos con la policía, que recurrió al lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los grupos violentos.
Entre medio millón y 800.000 personas salieron a expresar su disconformidad en todo el país. Lo que comenzó el mes pasado como protestas estudiantiles en los barrios periféricos del norte de París por la falta de profesores y el mal estado de las instalaciones, escaló rápidamente hasta convertirse en un movimiento nacional que agrupa a sindicatos, jóvenes y al movimiento de los "chalecos amarillos". Los manifestantes exigen aumentos salariales, de pensiones y el restablecimiento de un impuesto sobre la riqueza para frenar la desigualdad.
Reacciones políticas y escalada institucional
El presidente Emmanuel Macron condenó los actos de violencia a través de sus redes sociales, advirtiendo que los responsables de los destrozos y saqueos "serán procesados y castigados". Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, culpó directamente a sectores de la "extrema izquierda" de incitar a la revuelta de cara a las elecciones presidenciales de abril, una postura respaldada por el primer ministro Sébastien Lecornu.
Del otro lado, el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, arremetió contra el Ejecutivo, acusándolo de "jugar con fuego" y de provocar un estallido social debido a decisiones gubernamentales que calificó de absurdas e incompetentes. En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a continuar con las movilizaciones pacíficas y convocó a una gran jornada de huelga intersindical para el próximo 5 de noviembre.
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