El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el Presupuesto General de la Nación para 2027 mediante decreto, luego de que el Congreso no lograra conciliar las dos versiones aprobadas del proyecto antes del vencimiento del plazo legal.
La cifra establecida para el funcionamiento del Estado asciende a 634,9 billones de pesos. La decisión se tomó después de que expirara, a la medianoche del 20 de octubre, el plazo para unificar los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.
Según las explicaciones del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el proyecto no fue hundido ni rechazado por el Congreso. El problema se originó en las diferencias entre los documentos aprobados por ambas cámaras.
Uno de los puntos de discordia fue el artículo 65. La Cámara de Representantes aprobó una modificación que el Senado ya había retirado de su versión, lo que impidió consolidar un texto único dentro del tiempo establecido.
Ante la falta de conciliación, el Ejecutivo recurrió al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece cómo proceder cuando el Congreso no logra completar este trámite. Bajo esa disposición, entra a regir el proyecto presentado por el Gobierno, con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.
La situación abrió un nuevo cruce de señalamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde el Gobierno se cuestionó la actuación de los congresistas ponentes por la forma en que se organizaron los artículos, mientras que sectores del Senado atribuyeron responsabilidades al Ministerio de Hacienda por el manejo de la información durante la etapa final del proceso.
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