El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, con el que se levanta la suspensión de los permisos para portar armas de fuego en Colombia.
La medida no autoriza el porte indiscriminado. Las personas que quieran portar un arma deberán contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente y cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y en el Decreto Ley 2535 de 1993.
Quienes ya tengan permisos vigentes no tendrán que solicitar una autorización adicional, siempre que continúen cumpliendo las condiciones exigidas.
El Gobierno señaló que la decisión hace parte de una promesa de campaña y aseguró que se mantendrán los controles sobre las armas de fuego.
Las autoridades militares conservarán la facultad de expedir, revalidar, suspender, cancelar o revocar los permisos. Por su parte, la Policía continuará con las labores de inspección, vigilancia, incautación y decomiso.
Según cifras entregadas por el Gobierno, entre enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con delitos.
La decisión ya genera controversia política. La senadora Esmeralda Hernández anunció que demandará el decreto y advirtió que podría tener efectos sobre los niveles de violencia en el país.
De esta manera, el Gobierno sostiene que se trata de una regulación del porte legal, mientras el debate jurídico y político sobre la medida apenas comienza.
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