¿Inteligencia o persecución? El país exige claridad tras las revelaciones de Petro sobre Abelardo de la Espriella

Colombia amanece hoy en medio de una de las tormentas políticas más agudas de la reciente campaña presidencial. Lo que comenzó como un mensaje en la red social X el pasado sábado 4 de abril por parte del presidente Gustavo Petro, se ha transformado en un debate nacional sobre la legalidad, el espionaje político y el uso de los recursos de inteligencia del Estado.

 

El mandatario aseguró tener acceso a informes que vincularían al abogado y hoy candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, con los hermanos Bautista (propietarios de Thomas Greg & Sons). Según Petro, existiría un presunto intercambio de favores: la devolución del lucrativo contrato de pasaportes a cambio de "algoritmos" que asegurarían la victoria electoral de De la Espriella.

 

El detonante: ¿Confesión o denuncia?

 

El eje de la controversia no es solo la gravedad de la acusación de Petro, sino el origen de la información. Al mencionar "informes hechos desde inteligencia" para citar conversaciones privadas, el presidente ha encendido las alarmas sobre si el Gobierno está realizando seguimientos sin orden judicial a sus contradictores.

 

La periodista Vicky Dávila resumió el sentir de la oposición con una pregunta directa: “¿Petro, estás chuzando al candidato Abelardo de la Espriella?”. Esta inquietud ha escalado rápidamente, pues de ser cierto que se usa la inteligencia estratégica para fines electorales, el país estaría ante una ruptura de las garantías democráticas.

 

Un frente común contra las "chuzadas"

 

La reacción ha sido inmediata y transversal, uniendo a diversas figuras que coinciden en que se está cruzando una "línea roja" institucional:

 

Dudas sobre la legalidad: La senadora Paloma Valencia envió una carta abierta al Palacio de Nariño advirtiendo que el uso de la inteligencia para intimidar opositores parece un patrón que ya se había denunciado con herramientas como Pegasus. "¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos? ¿Cuentan con orden judicial?", cuestionó Valencia.

 

Exigencia de pruebas: El concejal Marco Acosta y la senadora María Fernanda Cabal señalaron que, si el presidente tiene pruebas de un delito, su obligación constitucional es denunciar ante la justicia y no solo publicar en redes. De lo contrario, aseguran, se trata de una estrategia para "sembrar miedo y deslegitimar el proceso electoral".

 

Riesgo de seguridad: Figuras como el exalcalde Jaime Andrés Beltrán y el senador Mauricio Gómez Amín denunciaron que estas declaraciones ponen en riesgo la vida del candidato y su familia, comparando la situación con la persecución denunciada previamente por Miguel Uribe.

 

El trasfondo: El contrato de pasaportes

 

Para entender esta crisis, es necesario recordar que el contrato de pasaportes ha sido el "talón de Aquiles" administrativo del actual Gobierno. La pugna con Thomas Greg & Sons ha escalado de los tribunales a la arena política, y ahora se le suma el ingrediente del espionaje.

 

En un país con una historia traumática de interceptaciones ilegales, que un jefe de Estado mencione conversaciones privadas basándose en informes de inteligencia —sin procesos judiciales abiertos— plantea una pregunta jurídica incómoda: ¿Quién vigila a quienes nos vigilan?

 

¿Qué sigue para la campaña?

 

Mientras el equipo legal de De la Espriella prepara acciones, el país espera una respuesta técnica y no política del Gobierno. Sectores de la oposición ya han hecho un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, para que actúen como veedores de un debate electoral que, a más de un año de las urnas, ya se siente bajo la sombra de la vigilancia estatal.

 

Este episodio marca un punto de no retorno en la relación entre el Ejecutivo y la oposición, dejando en el aire una duda razonable sobre si en Colombia el poder se está usando para competir con ideas o para intimidar con información.

Tras las declaraciones del presidente sobre supuestos pactos entre el candidato y los dueños de Thomas Greg & Sons, sectores políticos denuncian el uso del aparato estatal para perfilar opositores en pleno año electoral.