La decisión fue tomada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, quien impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal contra los dos exfuncionarios.
Bonilla y Velasco son investigados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Fiscalía, habrían coordinado el direccionamiento de contratos públicos para favorecer a congresistas a cambio de su respaldo a iniciativas del Gobierno en el Congreso.
De acuerdo con el ente acusador, los exministros intervinieron en la asignación de proyectos de Invías solicitados por congresistas de la Comisión Primera del Senado, entre ellos el senador Julio Changüí, relacionados con obras en municipios de Córdoba por más de 15 mil millones de pesos, y otros proyectos en la región Caribe que superarían los 89 mil millones.
La Fiscalía sostiene que existen comunicaciones telefónicas y mensajes que evidenciarían el cumplimiento de acuerdos para la entrega de contratos, y que, tras esos compromisos, se habrían tramitado 17 operaciones de crédito público en el Congreso.
Los congresistas que, según la investigación, habrían resultado beneficiados son Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar y posteriormente Juan Pablo Gallo.
Este caso es considerado clave porque Bonilla y Velasco son, hasta ahora, los exfuncionarios de más alto rango que van a prisión por el escándalo de la UNGRD. En el mismo proceso ya están privados de la libertad los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
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