El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0858 de 2025, que establece un nuevo modelo preventivo y resolutivo en el sistema de salud colombiano. Esta decisión se tomó sin esperar la aprobación legislativa de la reforma que continúa su trámite en el Congreso.
El modelo se enfoca en la atención primaria en salud y establece redes integradas por hospitales públicos, privados y mixtos. Las alcaldías y gobernaciones, junto con el Ministerio de Salud, asumirán la coordinación de estos servicios, restando funciones a las Entidades Promotoras de Salud.
El decreto transforma el rol de estas entidades, que ahora actuarán como gestoras y no como administradoras del sistema. Además, ordena que los recursos se giren directamente a clínicas y hospitales, sin intermediación.
Voces del Congreso, como las senadoras Paloma Valencia y Nadia Blel, rechazaron la decisión y anunciaron acciones legales, señalando que se modifica la Ley 100 de 1993 por vía administrativa.
Gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral advirtieron que el sistema actual no tiene la capacidad financiera para asumir los cambios.
El tema avanza en medio de una creciente controversia política y jurídica.
La representante a la Cámara Katherine Miranda calificó como “ilegal e inconstitucional” el decreto con el que el Gobierno Nacional busca reorganizar el sistema de salud en Colombia.
Según la congresista de la Alianza Verde, esta decisión desconoce la voluntad del Congreso y representa una forma de imponer por decreto lo que no se logró aprobar por vía legislativa.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que el decreto desconoce la separación de poderes, elimina el modelo de aseguramiento y establece un sistema de salud bajo control directo del Estado.
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