Ordenan cierre del colegio donde estudiaba Valeria Afanador tras investigación por su muerte

La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa vinculada al caso de Valeria Afanador, la menor que murió por ahogamiento en agosto de 2025 después de haber sido reportada como desaparecida.

La determinación quedó consignada en una resolución expedida el pasado 19 de junio de 2026, en la que las autoridades departamentales concluyeron que el plantel incurrió en una falta de carácter grave relacionada con el cumplimiento de las obligaciones exigidas para la prestación del servicio educativo.

Dentro de las conclusiones del proceso administrativo también se estableció responsabilidad para la rectora de la institución, Sonia Ochoa Daza. No obstante, tanto el colegio como la directiva podrán ejercer los recursos legales correspondientes, por lo que la decisión todavía no se encuentra en firme.

De acuerdo con lo dispuesto por la Gobernación, la cancelación de la licencia se hará efectiva una vez finalice el calendario académico de 2026, con el propósito de evitar una afectación inmediata a los estudiantes matriculados.

Como parte de las medidas adoptadas, la rectora deberá presentar antes del 31 de octubre un plan que garantice la reubicación de los alumnos en otros establecimientos educativos, asegurando así la continuidad de sus procesos de formación.

La resolución también ordena remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales y administrativos derivados del caso, la muerte de Valeria Afanador continúa generando cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia, supervisión y seguridad que deben implementar las instituciones educativas para proteger la integridad de los menores bajo su cuidado.

La medida fue adoptada por la Gobernación de Cundinamarca luego de establecer una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio educativo. La decisión aún puede ser apelada.