La Contraloría General de la República reveló alarmantes hallazgos tras adelantar 32 actuaciones de control fiscal sobre los recursos asignados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2025. Las auditorías, realizadas a 32 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), evidenciaron un posible detrimento patrimonial cercano a los $40.000 millones de pesos.
Según el informe oficial presentadas en 2026, el ente de control identificó 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen incidencia disciplinaria, uno con incidencia penal, cinco con indagación preliminar y 41 con connotación fiscal.
Principales fallas detectadas:
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Ejecución contractual (60%): Debilidades en materia de planeación, supervisión, gestión de información y control.
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Sobrecostos (30%): Pagos injustificados en el personal manipulador de alimentos y en las raciones alimentarias.
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Mayores valores pagados (10%): Inconsistencias en los montos desembolsados respecto a los servicios entregados.
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El organismo de control advirtió que la situación pone en peligro la operación del programa que beneficia a más de 600.000 niños, niñas y jóvenes. Además, la Contraloría señaló que aunque el reporte oficial indica una cobertura del 87% para 2026, cerca de un millón de estudiantes en todo el país continúan sin acceso a la alimentación en sus colegios públicos.
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