Un proyecto de ley denominado “Escuelas Seguras” fue radicado en el Congreso de la República por la senadora Ana Paola García. La iniciativa plantea tipificar nuevas conductas delictivas en el Código Penal colombiano para proteger de forma específica a estudiantes, docentes e infraestructura educativa.
El punto central de la propuesta es la creación del delito de docenticidio, una figura penal que agravaría las sanciones cuando un homicidio sea perpetrado contra un educador. Quienes incurran en esta conducta se enfrentarían a penas de prisión que oscilan entre los 250 y 500 meses, lo que equivale a hasta 41 años de cárcel.
El texto articulado incluye además la tipificación de la desescolarización forzada como delito autónomo para enfrentar las presiones e intimidaciones que interrumpen las clases en diversas zonas del país. La iniciativa dotará a fiscales y jueces de herramientas jurídicas directas para procesar las agresiones contra el entorno escolar.
Esta medida responde al crítico panorama de seguridad en las aulas. Según cifras expuestas durante la radicación, Colombia ocupa el cuarto lugar mundial en ataques contra comunidades educativas —solo detrás de Palestina, Ucrania y República Democrática del Congo— y el segundo puesto global en homicidios de profesores.
El proyecto comenzará formalmente su trámite en las comisiones del Congreso para surtir los debates legislativos correspondientes en los próximos meses.
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