El Ministerio de Vivienda propuso un decreto que cambiaría el cálculo del precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), estableciéndolo en pesos y no en salarios mínimos legales mensuales vigentes como actualmente se hace. El borrador también fijaría un tope único de hasta 135 salarios mínimos para toda la nación.
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, afirmó que esta medida equivale a un control de precios que podría frenar proyectos, afectar la oferta y generar incertidumbre en el sector constructor.
La Procuraduría General de la Nación inició vigilancia al proyecto y solicitó información técnica al Ministerio de Vivienda para aclarar riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales derivados de la reforma. También convocó una mesa técnica para analizar sus posibles efectos y proteger a los compradores.
Expertos en economía de vivienda han expresado preocupaciones similares, señalando que desvincular los precios del salario mínimo puede generar inseguridad jurídica en los contratos en curso.
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