De acuerdo con el balance técnico, 27.210 casos correspondieron a robo directo de energía, lo que representó más de 56 GWh no facturados, equivalentes al consumo mensual aproximado de 430.000 hogares de estratos 2 y 3. ENEL precisó que, solo en el primer semestre del año, el 44 % de la energía recuperada estaba vinculada a usuarios industriales y comerciales.
El informe también evidencia el impacto físico sobre la red: más de siete kilómetros de cableado fueron hurtados, junto con tapas de cámaras subterráneas, baterías y equipos de control destinados a la operación del sistema. En total, se registraron 629 robos de tapas de infraestructura subterránea y 413 hurtos de equipos telecontrolados.
Las localidades de Kennedy, Mártires y Puente Aranda concentraron el mayor número de denuncias en Bogotá. En Cundinamarca, los municipios más afectados fueron Soacha, Mosquera, Madrid, Tenjo y Cogua, zonas donde la normalización del servicio implicó intervenciones técnicas de alto costo.
Más allá del impacto financiero, la compañía advierte que estas prácticas representan un riesgo crítico para la seguridad pública. La manipulación ilegal de redes puede provocar accidentes graves, incendios y cortes masivos del servicio. En Colombia, el hurto de energía está tipificado como delito y puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión, además de sanciones económicas.
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