Salario mínimo entra en zona de litigio

La sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales confirmó el escenario de incertidumbre jurídica alrededor del salario mínimo para 2026. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que existe una mayoría favorable a sostener el incremento del 23,7 %, porcentaje fijado por decreto a finales de 2025 y posteriormente suspendido de manera provisional.

La medida fue frenada por el Consejo de Estado, que ordenó expedir un decreto transitorio sustentado exclusivamente en variables técnicas previstas por la ley: inflación, productividad, crecimiento del PIB y factores asociados al mercado laboral. El alto tribunal fijó un plazo de ocho días para emitir el nuevo acto administrativo, lo que introduce presión institucional sobre el Ejecutivo.

Desde el sector privado, la Fenalco pidió que el nuevo decreto cumpla de manera estricta los criterios definidos por la justicia. El gremio argumenta que el acto suspendido no explicó de forma verificable la ponderación de los indicadores económicos utilizados para fijar el aumento, lo que generó el riesgo jurídico que hoy enfrenta la política salarial.

El debate no es menor para el frente macroeconómico. Analistas advierten que un incremento de esta magnitud incide en costos laborales, dinámica inflacionaria y decisiones de inversión, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. A esto se suma el entorno de tasas de interés elevadas fijadas por el emisor, que limita el margen de ajuste de empresas y hogares.

El resultado es un salario mínimo atrapado entre decisiones políticas, exigencias judiciales y tensiones macroeconómicas, con efectos directos sobre empleo formal, consumo y competitividad empresarial en 2026.

La sesión extraordinaria de la comisión salarial cerró sin concertación y el Ejecutivo mantiene su postura sobre el incremento, mientras el nuevo decreto deberá ajustarse a exigencias técnicas del Consejo de Estado.