La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió a la Superintendencia a través de la superintendente Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer control estricto sobre los planes de acción implementados por la entidad para evitar riesgos en la atención de pacientes y en la destinación de los recursos públicos del sistema.
Entre los aspectos críticos solicitados se encuentra el cierre, certificación y dictamen de los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, así como la legalización de anticipos girados a la red prestadora, proveedores y tecnologías en salud. Este punto resulta clave en el análisis de liquidez, cartera y sostenibilidad operativa.
Asimismo, el ente de control pidió soportes sobre el procesamiento, auditoría y giro de cuentas médicas, junto con avances en la modernización tecnológica, un componente considerado estratégico para mejorar trazabilidad, control del gasto y oportunidad en pagos.
La Procuraduría otorgó un plazo de cinco días hábiles para la entrega del informe, en un momento en que el sistema de aseguramiento atraviesa tensiones estructurales y la supervisión a las EPS se mantiene en el centro del debate sectorial.
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